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  • ACERCA DE

    Conforme a lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social, la Contraloría Social constituye una práctica de transparencia, de rendición de cuentas y se convierte en un mecanismo de los beneficiarios para que, de manera organizada, verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados en el ejercicio 2020, a los siguientes Programas: 

     

    • Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP)
    • Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) 

     

    Fuente: Guía Operativa PRODEP y PROFEXCE 2020

     

    Comités de Contraloría Social

    Es la organización social constituida por los/las beneficiarios/as de los programas de desarrollo social a cargo de las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución y cumplimiento de las acciones comprometidas en dichos Programas, así como para apoyar en el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados.

     

     

    Responsable de la Contraloría Social 

    Es la persona designada oficialmente, por el Titular de la Institución de Educación Superior beneficiada por el PROFEXCE y el PRODEP, para coadyuvar en la realización de todas aquellas actividades relacionadas con la contraloría social que son competencia y obligación de la Instancia Ejecutora, conforme a la normatividad aplicable en la materia. 

     

    Fuente: Guía Operativa PRODEP y PROFEXCE 2020

    Son funciones de la Contraloría Social: 

    1. Solicitar la información a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de los programas de desarrollo social que considere necesaria para el desempeño de sus funciones;
    2. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la Ley y a las reglas de operación;

    III. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos;

    1. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los programas, y
    2. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales. 

    Fuente: Art. 71 Ley General de Desarrollo Social.