PRESENTACIÓN

La participación ciudadana se puede definir como aquella en la que los individuos –ciudadanos con derechos y obligaciones- toman parte en los asuntos públicos del Estado. Es decir la participación ciudadana apunta, fundamentalmente, a la relación entre el gobierno y los ciudadanos.

La participación ciudadana puede darse en distintos niveles: vecinal, municipal, estatal y nacional, en forma individual o colectiva, a través de las cuales se pretende: mayor cercanía y presencia ciudadana en la decisiones del Estado; establecimiento de mecanismos de vigilancia social; creación y fortalecimiento de instrumentos sencillos para la participación ciudadana; responsabilidad compartida en las acciones de beneficio colectivo entre la ciudadanía y el Estado y la sensibilización de la ciudadanía ante la problemática social.

Respecto a los programas de gobierno que impactan directamente en la vida de los ciudadanos, las instituciones no siempre logran identificar y resolver los problemas que la ciudadanía percibe (a veces reflejada en los índices de percepción de la corrupción, nacionales e internacionales); de ahí que, al incentivar la capacidad de la participación responsable y amplia de la ciudadanía, se obtienen aportaciones de eficiencia y transparencia en la elaboración y ejecución de los planes y programas de gobierno.

En materia de participación ciudadana, el propósito del gobierno federal es que la comunidad sienta y constate de manera cotidiana que su participación cuenta, que efectivamente está influyendo en el quehacer de los servidores públicos y en las decisiones con sentido de bien común. No se trata de que la sociedad civil sustituya las funciones de la sociedad política o de las instituciones, sino de articularlas de manera responsable para que mejoren la relación gobierno-ciudadanía.

La Contraloría Social, se define como el conjunto de acciones que realiza la ciudadanía de manera individual u organizada para participar activamente en la vigilancia y control de las acciones de gobierno, y con ello elevar el cumplimiento de los compromisos de las entidades de los tres órdenes de gobierno, mejorar la credibilidad y confianza de la sociedad en la administración pública, así como la percepción acerca de la corrupción y opacidad en los programas a cargo de instituciones de gobierno.

Las acciones de Contraloría Social contribuyen a elevar el cumplimiento de los compromisos de las entidades de los tres órdenes de gobierno, y con ello mejorar la credibilidad y confianza de la sociedad en la administración pública, así como la percepción acerca de la corrupción y opacidad en los programas a cargo de instituciones de gobierno.

Actualmente al elaborar políticas y programas de gobierno, incluyendo en sus fases la participación ciudadana, tiene por lo menos tres ventajas comparativas: ayudan a la equidad, a la eficiencia y a la sustentabilidad de las políticas.

Con respecto a la equidad y la eficiencia, la participación ciudadana da un valor agregado en la planeación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

El utilizar modelos participativos implica mejorar no sólo los costos de oportunidad, sino también costos directos, debido al cumplimiento honesto y transparente de las metas de los programas y políticas sociales.

Finalmente, hace sustentables las políticas y programas sociales puesto que, por medio de la participación, la comunidad puede desarrollar el sentimiento de propiedad del proyecto.